León.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Guanajuato mantiene dos procedimientos abiertos por posibles violaciones a las condiciones laborales en campos agrícolas, informó el subsecretario Marco Antonio Rodríguez Vázquez.
Los casos se encuentran en distintas etapas y forman parte de las inspecciones que realiza la dependencia durante la temporada de llegada de jornaleros, principalmente provenientes de Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Rodríguez Vázquez señaló que, hasta ahora, se han realizado cerca de 30 recorridos en el estado.
Explicó que no todos los procedimientos derivan en sanciones, ya que algunos se cierran cuando no se detectan irregularidades, mientras que en otros se solicita información adicional a las empresas para determinar si existe responsabilidad. El año pasado, dos casos del sector agrícola concluyeron en sanciones.
“De agrícolas, si no me equivoco son como 2. Hemos hecho cerca de 30 y tantos recorridos”
“Unos fueron cerrados, unos fueron cerrados sin ninguna sanción y otros en alguna ocasión solicitamos más información que pudiese complementar”, explicó.
El subsecretario confirmó que durante el año pasado fueron sancionadas dos empresas del sector agrícola, aunque evitó revelar cuáles fueron debido al proceso jurídico correspondiente.
Entre las conductas que pueden ser sancionadas se encuentra el incumplimiento o retraso en los pagos acordados con los trabajadores. Las multas pueden alcanzar hasta 5 mil UMAS por concepto, dependiendo de la infracción.
“Hay sanciones en el propio reglamento que van desde 50 UMAS por concepto hasta 5,000 UMAS. Entonces, imagínate, multiplica 5,000 por 24, en empresas grandes sí puede haber una sanción grande para una empresa”, indicó.
La dependencia estatal revisa las condiciones generales de trabajo, mientras que los temas de seguridad, salud laboral y capacitación corresponden a la autoridad federal.
En total, la Secretaría realiza anualmente alrededor de 2 mil 800 inspecciones ordinarias y entre 400 y 600 extraordinarias, de acuerdo con el funcionario.
La atención a estas familias, agregó, se realiza mediante un protocolo interinstitucional que actualmente coordina la Secretaría de Derechos Humanos y en el que participan dependencias como el DIF, Educación, Salud y autoridades municipales.
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