León.- Ante los señalamientos por presuntos actos de corrupción y cobros indebidos a comerciantes por parte de inspectores, el director de Comercio y Consumo de León, Carlos Anaya González, dejó en manos de la Contraloría Municipal la resolución de las denuncias y rechazó los señalamientos directos que se hicieron a su persona.
Luego de poco más de cuatro semanas de que se conocieran las denuncias presentadas, el director del área habló del tema públicamente.
“Nosotros siempre hemos estado abiertos a cualquier tipo de reporte y nosotros sí, es un tema de corrupción o de un estilo de sanción, pues que acudan a la Contraloría Municipal, somos los primeros que vamos y apoyamos al comerciante cuando se tienen las pruebas suficientes, vamos y apoyamos a los comerciantes a que vaya y haga su denuncia a la Contraloría Municipal”.
El funcionario evitó emitir juicios sobre los señalamientos en los que también se le involucra directamente, argumentando que hay una indagatoria en curso.
Asimismo, descartó que esté considerando separarse de su cargo mientras continúan las investigaciones.
“No porque, yo creo que una separación de cargo sería señalarme yo mismo, entonces, realmente no, no hay una separación de cargo, seguimos trabajando… aquí estamos de frente”.
Respecto a las acusaciones sobre cobros con depósitos en cuentas de particulares y no directamente en la Tesorería, el funcionario municipal aseguró que el pago por el uso de la vía pública se realiza directamente en la Tesorería Municipal.
Detalló que, en el caso de los bazares, la logística, mobiliario y carpas corren a cargo de organizadores particulares desde 2019, por lo que los cobros corresponden a la operatividad de dichos eventos y no a la dependencia.
Finalmente, sobre el monitoreo a los inspectores, indicó que la dependencia cuenta con 80 cámaras corporales, o body cams, repartidas en dos turnos para regular la actuación del personal durante las intervenciones, y adelantó que ya se gestiona la compra de más dispositivos.
Aunque reconoció que solo se encienden cuando “hay intervenciones”, es decir, cuando se registran inconformidades de los comerciantes a los que se les sanciona o retira de la vía pública. Estas, argumentó, funcionan para “regular el comportamiento del inspector y comerciante”.
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