León.- En un movimiento calificado como "histórico" por las autoridades municipales, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI) formalizó el arranque del proceso de regularización en San Juan de Abajo, una zona que acumulaba tres décadas de deuda social y desorden territorial. El director del IMUVI, Luis Miguel Aguirre Aranda, confirmó que esta primera etapa beneficiará directamente a 1,861 personas, mediante el ordenamiento de 9 asentamientos distribuidos en 11 parcelas.

Un modelo de colaboración ejidal

A diferencia de intentos fallidos en administraciones pasadas, la estrategia actual se basa en la "certeza jurídica a través de la voluntad". El proceso no es una imposición administrativa, sino un convenio de aportación entre el Comisariado Ejidal, los poseedores y el municipio.

"Es un momento en el que transigieron en un mismo canal las decisiones políticas, jurídicas, sociales y técnicas", señaló aguirre aranda.

Blindaje contra desalojos

Regularización de San Juan de Abajo en León: IMUVI inicia proceso tras 30 años de rezago
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Ante la inquietud ciudadana generada por conflictos recientes en zonas aledañas como San Joaquín, el director fue enfático: la regularización es el mejor escudo contra los desalojos. Al integrarse estas parcelas al patrimonio del IMUVI mediante convenios de aportación, la institución asume el resguardo jurídico del suelo. Esto garantiza que las familias que ya habitan y poseen los lotes no corran riesgo de ser removidas por litigios entre particulares, ya que el estatus legal de la tierra cambia a favor de la propiedad pública para su posterior escrituración individual.

Puntos clave de la etapa inicial:

  • Aportación de Tierras: Se han suscrito convenios para que vialidades, caminos y brechas pasen a ser propiedad municipal, permitiendo así la entrada de servicios públicos.
  • Nuevas Reservas: Tras la aprobación de los primeros 9 asentamientos, el consejo del IMUVI ya analiza la incorporación de 18 nuevas parcelas de reserva adicionales.
  • Justicia Social:El proyecto busca el reconocimiento al acceso a la vivienda y servicios como un derecho humano básico.

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