León, Guanajuato.- La Contraloría Municipal informó que durante el periodo enero-marzo de 2026 se iniciaron 31 investigaciones derivadas de quejas y denuncias presentadas contra distintas dependencias municipales, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del servicio público, prevenir y corregir irregularidades y promover una gestión pública más eficiente.
De acuerdo con el informe trimestral más reciente, el organismo con el mayor número de señalamientos fue el SAPAL, al acumular siete quejas y denuncias durante los primeros tres meses del año.
En segundo lugar se ubicaron la Tesorería Municipal de León, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, cada una con tres expedientes iniciados.
Posteriormente aparecen la Secretaría del Ayuntamiento de León y la Dirección General de Comunicación Social de León, ambas con dos denuncias o quejas registradas.
Con un caso cada una se encuentran el FIDOC, la Dirección General de Salud de León, el Instituto Cultural de León, el Instituto Municipal de la Juventud de León, los Juzgados Cívicos de León, el IMUVI León, los Juzgados Administrativos de León, el Zoológico de León, la Secretaría para la Reactivación Económica de León, la PAPNNA León y el DIF León.
La contralora, Viridiana Márquez, informó además que durante el mismo periodo se resolvieron tres procedimientos de responsabilidad administrativa. Dos de ellos fueron calificados como no graves y uno como grave.
El caso considerado grave fue resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, instancia que determinó la suspensión del empleo, cargo o comisión en el servicio público para un funcionario que laboraba en el Juzgado Cívico General, por abuso de funciones.
Respecto a las faltas no graves, una correspondió a un servidor público del Patronato de Explora por falta de respeto, mientras que otra involucró a personal de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable por falta de diligencia al no aplicar la normativa local. En ambos casos, la Contraloría determinó la suspensión del empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Asimismo, durante el trimestre enero-marzo de 2026 se admitieron cuatro informes de presunta responsabilidad administrativa en contra de cuatro personas servidoras públicas. Uno de los casos corresponde al FIDOC por falta de diligencia; otro a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Desarrollo Sustentable; uno más a la Secretaría para la Reactivación Económica de León y el último a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León.
En los cuatro casos, las faltas fueron calificadas como no graves y continuarán el procedimiento correspondiente conforme a la normativa administrativa vigente.
/MA
