CDMX.- Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario reconocido dentro de la comunidad judía mexicana y experto en temas de seguridad, se ha convertido en el centro de un debate que combina señalamientos políticos, cuestionamientos sobre contratos públicos y una narrativa que ha derivado en hostigamiento por motivos étnicos.

Margolis, dueño de la cadena de restaurantes Matisse y de la compañía Blindajes EPEL, que se ha revelado ha obtenido al menos 55 contratos gubernamentales entre 2019 y 2024 por más de 445 millones de pesos, es una figura habitual en los círculos de seguridad pública.

En 2019 fue designado consejero de Seguridad Pública en Huixquilucan, Estado de México, cargo en el que fue presentado como “uno de los hombres que más saben de seguridad”, según palabras del exalcalde Enrique Vargas del Villar.

Además de su perfil empresarial, Margolis es fundador de la asociación civil Kadima, dedicada a la inclusión de personas con discapacidad, y es reconocido dentro de la comunidad judía por su labor en la resolución de casos de secuestro, que lo hizo merecedor del apodo “El Gólem”, en referencia al guardián mítico del folclore hebreo.

Eduardo Margolis: del debate político al blanco de una campaña de difamación

El origen de la polémica

La controversia actual surgió tras la publicación de una investigación de la periodista Guadalupe Lizárraga en Los Ángeles Press, que tras su difusión en redes sociales dio paso a especulaciones por parte de usuarios en X, que apuntaban a que Margolis sería primo de la presidenta Claudia Sheinbaum y que habría asesorado de manera informal en temas de seguridad durante su administración como jefa de Gobierno.

A partir de esta información, sectores de la oposición han acusado a Sheinbaum de nepotismo y de favorecer a Margolis en la adjudicación de contratos.

El 8 de agosto de 2025 y como consta en la versión estenográfica de la conferencia de prensa ofrecida por la Presidenta, se le cuestionó sobre la revocación de visa al empresario mexicano, como reveló en primicia Guadalupe Lizárraga publicada el 6 de agosto, a lo que la mandataria reconoció que Margolis Sobol se encontraba bajo investigación federal, pero no confirmó ni desmintió las insinuaciones originadas en redes sociales sobre el parentesco dejando abierta la puerta a la especulación.

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Entre el escrutinio y el prejuicio

Si bien el debate público sobre la relación de empresarios con el poder político es legítimo, el caso de Margolis ha tomado un giro preocupante. La narrativa del “primo incómodo” se ha convertido en un vehículo para difundir mensajes con claros tintes antisemitas, en los que se insinúa que “todos los miembros de la comunidad judía están relacionados y son peligrosos”.

Este tipo de discursos, comparados por analistas con la retórica de estigmatización que Donald Trump usó contra migrantes, han generado rechazo en sectores académicos y de derechos humanos, que alertan sobre el riesgo de trasladar prejuicios étnicos al debate político.

Mientras las indagatorias oficiales siguen su curso, el empresario enfrenta una campaña mediática que combina cuestionamientos legítimos sobre contratos públicos con ataques que lo presentan como símbolo de una supuesta “red de poder” judía, reforzando estereotipos y alimentando teorías conspirativas.