México.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó los avances de la investigación contra una red de contrabando de combustible que operaba en los principales puertos marítimos del país. La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que la organización estaba presuntamente encabezada por los exmarinos Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, conocidos como “Los Primos”, quienes operaban mediante la alteración de manifiestos de aduana, simulación de inspecciones y la cooptación de servidores públicos.
De acuerdo con el informe oficial, la investigación tuvo su origen en 2024 tras una denuncia presentada por el entonces secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, ante la Fiscalía. Las indagatorias permitieron el aseguramiento inicial de un buque con 10 millones de litros de diésel ilegal en el puerto de Altamira, Tamaulipas, lo que detonó el rastreo de la estructura operativa y financiera.
Tráfico de influencias e infiltración en aduanas
Según los datos de prueba presentados por la representación social y en proceso de valoración por el Poder Judicial, los señalados intervinieron directamente en designaciones, ascensos y movimientos de personal estratégico. Estas maniobras afectaron a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina (SEMAR) y diversas aduanas marítimas.
En particular, la FGR atribuye a Manuel Roberto “N” la gestión directa de nombramientos para garantizar la colocación de mandos coludidos en puestos clave.
Durante el cateo de una bodega en la Ciudad de México arrendada por el mismo imputado, agentes federales aseguraron:
- Expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución.
- Documentación clasificada como reservada y confidencial en materia de seguridad nacional.
- Listados operativos de aduanas marítimas.
- Artículos de lujo y armas de fuego sin registro legal.
El modus operandi: de Texas a las empresas fachada
El esquema de evasión fiscal y contrabando operaba de manera sistemática a través de las siguientes fases descritas por la fiscalía:
Alteración de manifiestos: Los buques zarpaban desde puertos de Texas, Estados Unidos, cargados con diésel o gasolina. Al ingresar a aguas mexicanas, los embarques eran declarados falsamente como aceites o aditivos para evadir el pago de los impuestos correspondientes.
Cooptación y pagos a agentes: Servidores públicos y agentes aduanales recibían pagos ilícitos por cada embarque permitido.Simulación de controles: Las inspecciones físicas y de laboratorio se redujeron a simulaciones mediante muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados y la desactivación programada de cámaras de videovigilancia durante las maniobras de descarga.Comercialización y blanqueo de capitales: Ya en territorio nacional, el combustible se distribuía a través de tres empresas formalmente constituidas. Para dar apariencia de legalidad a las ganancias, se empleaba una red de empresas fachada y triangulaciones financieras.
Alcance de las investigaciones
Las autoridades federales identificaron que las operaciones de este grupo criminal se extendieron a los estados de Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. Actores adicionales como accionistas, apoderados legales y enlaces financieros continúan bajo investigación por su probable participación en la cadena de contrabando.
La FGR enfatizó que las responsabilidades penales se determinan de forma individual y que las indagatorias continuarán abiertas contra todos los servidores públicos y particulares involucrados en la red.
Te puede interesar:
/ED