Con el argumento de que no fue notificado, sino hasta el 14 de marzo del expediente del caso, el alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, negó haber rechazado la recomendación de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos tras haber violentado los derechos de una regidora en 2017.
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Frente a diputados de la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, el edil dijo que no había tenido oportunidad acceder al expediente de su caso ni conocía su contenido porque no se le había notificado nada y fue hasta el lunes 13 de marzo cuando, vía telefónica, le avisaron que al día siguiente le entregarían las copias del documento que él solicitó a partir de la solicitud de comparecencia.
“En todo esto no encuentro una negativa de mi parte y no sé si hablamos del mismo expediente, ya que en el que me proporcionan no hay una negativa de mi parte a cumplir una recomendación de la Procuraduría… No sé en qué momento obrara aquí en el documento que me dieron o si es el mismo que estudiaron y que derivó en ese acuerdo de ustedes, porque en este no hay una negativa de parte de su servidor”, señaló.
Las diputadas del PAN, Katya Soto, Melanie y Briseida Magdaleno lamentaron la actitud del alcalde frente a esta solicitud. Esta última dijo que habían tenido que llamar a una autoridad que no reconoce sus actos ni acepta una recomendación del organismo de los derechos humanos.
“Esta comparecencia es consecuencia del desprecio que de la propia Constitución, tiene, quien ostenta la figura pública de presidente municipal de San Diego de la Unión, porque al momento de la protesta de su cargo, usted dio su palabra de cumplir o hacer cumplir lo que la Constitución mandara y los hechos que hoy vemos y que hoy se tratan, demuestran lo contrario”, dijo.
Castillo Cantero dijo que en ningún momento señaló haber rechazado la recomendación.
La recomendación fue emitida el 30 de agosto de 2022 motivada porque en 2017, cuando fue Presidente Municipal la primera ocasión, Castillo Cantero forcejeó un día con una regidora por un documento.
La diputada panista, Melanie Murillo, dijo que a lo largo de 2022 hay varias notificaciones para que el edil hiciera la disculpa pública, entre ellas una que fue recibida por su sindica.
Finalmente, el presidente de la Comisión, David Martínez, leyó las atribuciones que tiene la Procuraduría de Derechos Humanos y el Congreso local.
“Lo que va a proceder porque este órgano no es jurisdiccional, no juzga. Vamos a notificar a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso lo que aquí aconteció, sus argumentos sobre la certificación del expediente, la no notificación que usted señala que se ha establecido y que esta comisión no tiene facultades para atraerla y responder si es cierto o no es cierto”.
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