Guanajuato.- La fracción del PRI en el Congreso local, propuso una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para reformular el tipo penal de terrorismo e incrementar su sanción, así como agregar la amenaza y el encubrimiento para cometer terrorismo.
El diputado Alejandro Arias Ávila habló de los hechos en Acámbaro y Jerécuaro en donde se hizo explotar 2 coches bomba que se agregan a otros hechos parecidos en otros municipios.
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Se refirió a la forma cómo son abordados estos actos ante medios de comunicación, los tipos penales vigentes en América Latina, así como la influencia del narcotráfico y sus sanciones en otros países.
El legislador enfatizó que las sanciones actuales y legislación son obsoletas y requieren adecuaciones de proporcionalidad y homologación legislativa en las actuales condiciones que vive Guanajuato.
“Ese temor se ve reflejado en la abstención de ir a espacios públicos o privados con tranquilidad pues hemos sido testigos de los constantes videos o amenazas por redes sociales no solo a los grupos contrarios sino a quienes integran instituciones de gobierno estatal o municipal y a la población en general, dándose el lujo a través de esas comunicaciones de dar indicaciones a la ciudadanía sobre toques de queda en ciertas calles, zonas o territorios. Sin duda existen afectaciones en diversos sectores de la economía estatal que son incuantificables”, dijo.
Expuso que el gobierno federal no ha querido reconocer que estos actos constituyen actos terroristas, por lo que se debe reformular y aumentar la sanción como ya ocurre en el código penal federal.
Agregó que se debe actuar legislativamente y que la entidad debía ser uno de los primeros estados en que se legisle y consideren esos ataques como delito de terrorismo con las consecuencias legales correspondientes, como son la propia agravación de la pena y el concurso con otros delitos que cometan.
El congresista manifestó que la propuesta busca ampliar el contexto de conductas que deben ser consideradas como acciones de terrorismo, como todos aquellos actos realizados contra instalaciones de seguridad pública estatal o municipal, o bien, los cometidos contra su personal administrativo y policial.
Además, el incorporar como terrorismo los ataques contra la población civil en espacios públicos, comerciales, de servicio público concesionado o de eventos colectivos, o la simple amenaza de ataques de esta naturaleza mediante redes sociales o de cualquier medio informativo.
También se busca incluir como terrorismo la conducta que tenga como finalidad reprimir las funciones de cualquier autoridad administrativa o de seguridad pública, procuración o administración de justicia, así como el ataque sistemático contra sus integrantes.
/LT
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