Guanajuato.- Pese a que el estudio fue avalado por la comisión respectiva y por algunos representantes de los partidos políticos, por mayoría el pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral rechazó la propuesta de realizar un estudio para analizar la conveniencia de implementar medidas afirmativas a favor de sectores vulnerables distintos a discapacitados, diversidad sexual y personas afromexicanas.
El rechazo de esta actividad contenida en el plan de trabajo de la comisión de Reglamentos y Normatividad Electoral presidida por Sandra Prieto de León, provocó un extenso y apasionado debate que llevó a la misma a rebelarse y decir que pese al rechazo del consejo, haría el estudio y a sus compañeras, Beatriz Tovar y Nora García las invitó a cerrar filas con ella y criticar lo que llamaron incongruencia de la presidenta Brenda Canchola y a anticipar que el IEEG se volverá a equivocar.
“Se los anticipo, yo desde mi consejería haré lo propio, haré el estudio correspondiente y someteré lo que tenga que someter al Consejo General porque estoy convencida de que tenemos que avanzar en el tema y estoy convencida de que no se trata de sorprender a ninguna persona, a ningún partido político, se trata de trabajar y trabajar de forma seria. Yo buscaré los conductos legales y reglamentarios que estén previstos para hacer esa postulación ante el seno del Consejo General, porque en las comisiones, aunque presida esa comisión, he escuchado, no hay la voluntad política de dar la oportunidad de trabajar, mi trabajo no lo van a impedir, sí se los comento, nadie va a impedir que yo trabaje y cumpla mi función como consejera electoral”, mencionó.
Todo surgió a partir de la reserva de la consejera Concepción Aboites, quien no aprobó en lo particular la propuesta de realizar un estudio de sectores en situación de vulnerabilidad y prever el establecimiento eventual de medidas afirmativas futuras, distinto al estudio ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Aboites fue respaldada, como ha ocurrido en otras votaciones divididas, por los consejeros Antonio Ortiz y Luis Mota, así como por la presidenta Brenda Canchola que echaron abajo ese punto.
La consejera Nora García criticó que la presidenta Canchola diga que no hay personal suficiente para hacer un estudio si se autorizó la contratación de más de 60 plazas para este año.
“Me resulta un poco incongruente que el personal tenga que estar concentrado en un estudio. Fueron 65 plazas que se contrataron para la unidad jurídica, el secretario técnico es el de la comisión de reglamentos y hay 65 plazas que se contrataron y 7 para el ordinario, creo que hay personal suficiente para poder llevar el acompañamiento que solicitó la consejera Sandra”, recriminó la consejera.
Más directa, la consejera Beatriz Tovar anticipó que con esta decisión, el IEEG se volvería a equivocar, como ocurrió cuando en tribunales se echó para atrás la implementación de medidas afirmativas para impulsar candidaturas para ciertos grupos vulnerables por no haber realizado un estudio previo.
“Me parece que por segunda ocasión este Consejo General está dejando ir una oportunidad valiosa de poder aportar información valiosa que permita extender los alcances de nuestra democracia en el estado de Guanajuato y también estoy segura de que el tiempo nos vendrá a decir que nos equivocamos como órgano colegiado como ya sucedió de hecho con el otro estudio”, advirtió Beatriz Tovar.
El representante del PRD, José Belmonte, cuestionó la rebeldía de las 3 consejeras y que una de ellas haya advertido que aun cuando no se aprobara ese apartado del plan de trabajo, iban a realizarlo, pues es una falta de institucionalidad a lo que la consejera repuso que se trataba de una acusación muy grave y le pidió sustentar su dicho.
La consejera Aboites refutó a su compañera Nora García al decir que el personal contratado por el IEEG tiene tareas específicas asignadas y aprobadas por la comisión respectiva y en ningún apartado viene la elaboración de estudios.
En su momento, la consejera Brenda Canchola dijo que la preparación del proceso electoral que inicia este año demanda la atención de todo el personal y esa es la razón de su oposición al proyecto en debate y rechazó que sea su pretensión minimizar el trabajo de las consejeras.
“De ninguna manera el sentido de mis expresiones fue para desconocer o mucho menos para minimizar la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y en cuanto al objetivo específico tres, considero que chocan con las actividades que tienen encomendadas y más a ellas apoyen en la realización de ese estudio con el que damos cumplimiento a la resolución del tribunal”, aclaró la presidenta del Consejo.
/e
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