La Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (Prodheg) determinó que el síndico José Arturo Sánchez Castellanos violó derechos y la presunción de inocencia de Enrique Sosa Campos, extesorero municipal de León, por lo que tendrá que disculparse públicamente con el ahora funcionario estatal.
De acuerdo con la resolución del organismo publicada en su portal el pasado 27 de marzo, declaraciones vertidas por el síndico acusaron directamente al hoy subsecretario de Empleo y Formación Formal dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable cuando estaba en curso un proceso de investigación de la Contraloría municipal.
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“Conforme a lo expuesto en hechos y a lo señalado en la presente resolución, quedó acreditada la violación al derecho humano a la protección de la honra y de la dignidad, al derecho humano a la presunción de inocencia, y al derecho humano a la integridad personal, en su vertiente de protección a la integridad moral, de Enrique Sosa, por parte de la persona titular de la primera sindicatura de León, Guanajuato, José Arturo Sánchez Castellanos”, señala la parte medular de la resolución.
La recomendación tiene su origen en las declaraciones que hizo Sánchez Castellanos sobre la intervención de Sosa Campos como tesorero en la venta de una parte del terreno del kínder Juan Aldama a un particular.
No pasa desapercibido lo argumentado por la persona titular de la primera sindicatura de León, dice el documento de la Prodheg; en el sentido de que sus manifestaciones fueron con motivo de su libertad de expresión y su derecho a la información pública; sin embargo, no le asiste la razón, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución General, la manifestación de las ideas se encuentra limitada en los casos en que se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceras personas; y en este caso, los comentarios hechos por José Arturo Sánchez Castellanos atacaron de forma clara la moral de la persona quejosa.
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