La Contraloría de León ha concluido ya las investigaciones sobre el programa Taxi Seguro y ahora analiza si deberá establecer procedimientos de responsabilidad administrativa o bien alguna denuncia penal contra algún ex miembro de la pasada administración pues de acuerdo a las observaciones que encontró el organismo fiscalizador del municipio, no había un control de los equipos y su uso.
Luego de que el tribunal de lo contencioso administrativo determinara la nulidad del contrato con la empresa Radio Movil DIPSA por 23.2 millones de pesos del programa “Taxi Seguro”, el titular de la Contraloría, Esteban Ramírez, señaló que la auditoría que realizó fue enviada a la Dirección de Movilidad para que solventara las observaciones encontradas, las cuales fueron respondidas ya, pero no solventadas la mayoría de ellas, además de algunas otros señalamientos hechos por la Auditoría Superior del Estado.
El contralor dijo que ahora habrá que revisar que paso se dará de manera legal pues lo que queda claro es que fue un programa sin control de los casi 4 mil equipos que fueron entregados a los choferes de taxi.
En general fue un programa que no tuvo controles, no se tuvo ni siquiera un control respecto a los teléfonos entregados, a quién se les entregaban y sobre todo el seguimiento al programa, eso es básicamente. Eso es lo que estamos revisando, aquí en este momento acabamos de terminar la auditoría, no queremos duplicar observaciones con la ASEG y vamos haciendo el cruce de observaciones”
Esteban Ramírez puntualizó no descartó que pudiera presentarse alguna denuncia penal y por que delito, pues finalmente hay recursos invertidos ya en este programa, en el caso de alguna responsabilidad administrativa si estuvieran involucrados miembros del ayuntamiento tocará al propio cabildo establecer las sanciones, pero si se trata solo de ex funcionarios será la contraloría quien determine estos procesos pues la ley de responsabilidades establece que los servidores públicos que celebran un contrato deben darle seguimiento y en caso de incumplimiento del contrato deben darle aviso al órgano de control, lo cual no se hizo.
Hasta el momento la ASEG ha turnado a la Contraloría de León 10 auditorías y el órgano fiscalizador de la administración local ha presentado 11 denuncias penales.
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