En 2023, por única ocasión los choferes de taxis ejecutivos no pagarán el derecho a uso anual de la infraestructura digital estatal de transporte (la aplicación que asimilará la de UBER, Didi, Cabify, y otras). Para el siguiente ejercicio fiscal, el gobierno estatal contempla una cuota de mil 500 pesos por unidad de la cual estarían exentos.
En cambio, los operadores del servicio sí deberán pagar 3 mil pesos por el derecho a emisión anual del código de respuesta rápida que será la calcomanía que se instalaría en los vehículos (y que se daña si se intentara cambiarse de un vehículo a otro), con la cual la autoridad podrá identificar que presta servicios de transporte privado bajo plataformas mencionadas y la del propio estado. La reposición de esta calcomanía tendrá un costo de mil 500 pesos.
Lo anterior se concretará una vez que sean aprobadas las reformas a las leyes de ingresos que se requieren para la llamada liberalización del servicio de taxis ejecutivos.
De acuerdo a una tarjeta informativa proporcionada por el presidente de la comisión de Hacienda, Víctor Zanella Huerta de 2017 a la fecha se otorgaron mil 344 permisos de servicio ejecutivo aunque no todos están vigentes y se estima que actualmente operan más de 9 mil vehículos en el estado prestando el servicio ejecutivo sin permiso.
De acuerdo a este documento, el ejecutivo pretende tener listo tanto la proveeduría de las calcomanías que contendrán el código de respuesta rápida, como la plataforma digital en operación, en la primera quincena de diciembre.
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