Guanajuato.- El Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la Fiscalía General de Guanajuato y el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) omitieron enviar comentarios y puntos de vista sobre la iniciativa de despenalización del aborto presentada por Movimiento Ciudadano, la cual agotó el pasado viernes tres mesas de trabajo con agrupaciones civiles a favor y en contra, así como con representantes de poderes y dependencias gubernamentales.
Las tres instancias mencionadas —especialmente el Poder Judicial y las fiscalías— suelen participar enviando opiniones sobre cualquier iniciativa que les sea requerida desde el Poder Legislativo e, incluso, acostumbran asistir a las mesas de trabajo para profundizar en los comentarios enviados previamente por medios digitales. Esta vez no fue así.
En la mesa de trabajo del pasado viernes, realizada por la Comisión de Justicia, su presidenta, la morenista Eugenia García Oliveros, informó que únicamente la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo enviaron sus comentarios por escrito, aunque tampoco enviaron representantes a la sesión, a pesar de que normalmente lo hacen.
En esta última mesa de trabajo, solo estuvieron presentes representantes de la Universidad de Guanajuato. En contraste, las dos primeras mesas —realizadas con organizaciones a favor del derecho a decidir y en contra del aborto— contaron con amplia participación, con una duración de una hora y media y dos horas y media, respectivamente. La tercera mesa concluyó en menos de 30 minutos.
La opinión enviada por el consejero jurídico del Ejecutivo, Alejandro Sierra Lugo, señala que el derecho a la vida es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagrado en su artículo 3.
“En el derecho internacional de los Derechos Humanos existe un consenso sobre la protección a la persona en todas las etapas de su vida, así como la obligación del Estado de aplicar las medidas para asegurar las condiciones sociales, económicas y culturales óptimas y dignas de sus derechos”.
Qué dice Derechos Humanos
Por su parte, la procuradora estatal de los Derechos Humanos de Guanajuato, Karla Alcaraz, expresó que al momento de discutir la iniciativa debe realizarse una ponderación en cuanto a la colisión de dos bienes constitucionalmente protegidos: los derechos reproductivos de la mujer y la procuración de la vida en el embarazo, además de la objeción de conciencia.
“…Es necesario que esta comisión reflexione y pondere la iniciativa a dictaminarse, desde una perspectiva integral y progresiva de los derechos humanos a fin de generar una más amplia protección”.
También pidió actuar: “con perspectiva de género a fin de respetar el derecho a la no discriminación”.
Durante su campaña, la gobernadora Libia Dennise García se mostró abiertamente en contra de criminalizar a las mujeres, aunque ha declarado que está a favor de la vida. A finales de octubre pasado, afirmó que no entraría en un debate con el Congreso sobre el tema.
“Yo no voy a entrar en debate con el Congreso, le toca al Congreso definir, yo tengo que garantizar a las mujeres, lo que decimos: el acceso a todos sus derechos y a una vida libre de violencia, para eso hay determinaciones de la Corte y una norma oficial mexicana. Yo haré lo mío y que ellos hagan lo suyo”.
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