Guanajuato.- El Congreso de Guanajuato aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para sancionar a quien promueva la conformación de asentamientos humanos irregulares.
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La modificación aprobada contempla sanciones de 3 a 9 años de prisión y de 100 a 1000 días de multa a quien promueva, induzca o aliente la formación o el establecimiento de asentamientos humanos irregulares o al que enajene o se comprometa a enajenar en forma lotificada un inmueble, propio o ajeno, con o sin construcciones y sin el previo permiso de las autoridades competentes, o cuando existiendo este, no se hayan satisfecho sus requisitos.
Asimismo, se consideraron agravantes cuando quienes cometan estas conductas sean servidores públicos, por lo que las penas se aumentarán de una mitad del mínimo a una mitad del máximo, aunado a que se le destituirá del empleo o cargo y se les inhabilitará de uno a 10 años para desempeñar cualquier función pública.
La reforma parte de sendas iniciativas presentadas por los legisladores Miguel Salim del PAN y el morenista, Ernesto Prieto Gallardo.
Por su parte, el diputado del PAN, Miguel Ángel Salim, refirió que los servidores públicos cuentan con información privilegiada y acceso a documentos, por lo que cualquier acto que cometan respecto a incentivar o vender un asentamiento irregular, es reprochable.
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“No queremos mandar un mensaje equívoco de permisión y no reproche a los servidores públicos que promuevan o induzcan o alienten o que vendan o se comprometan a vender estos asentamientos irregulares. También es importante decir que este delito tiene estrecha relación con la Ley de asentamiento y ordenamiento territorial”, señaló.
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