Guanajuato.- En un acto de transparencia y fortalecimiento del Estado de derecho se llevo acabo la destrucción masiva de más de 10 toneladas de objetos, instrumentos y sustancias ilícitas vinculadas a procesos judiciales concluidos.
El evento, realizado en el campo de Nochebuena, encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, simboliza el compromiso de las instituciones por asegurar que estos bienes no regresen a las calles para dañar a la ciudadanía.
Durante la ceremonia, se informó que lo destruido comprende un total de 142,249 indicios que suman 10,741 kilogramos. Entre lo incinerado y triturado destacan más de una tonelada de narcóticos (incluyendo marihuana, metanfetaminas y cocaína), así como dos toneladas de equipo táctico y balístico como chalecos antibalas y fornituras utilizados por grupos de la delincuencia organizada.
También se eliminaron herramientas y prendas de vestir que formaron parte de miles de carpetas de investigación ya finalizadas.
La gobernadora del estado, calificó el ejercicio como un mensaje profundo para la sociedad guanajuatense "Estamos cerrando ciclos del crimen… Cerrar un ciclo es dejar atrás aquello que buscó romper la tranquilidad, que lastimó a las familias", afirmó, destacando que cada dosis de droga quemada es veneno que ya no llegará a la juventud.
Propuesta de Reforma Legal
Uno de los puntos clave de la jornada fue la presentación, por parte del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, de una propuesta de reforma constitucional y penal. El objetivo es otorgar a las fiscalías estatales facultades concurrentes con la federación para combatir de manera directa la delincuencia organizada, una competencia que actualmente es limitada para los estados.
"Hoy quisiera respetuosamente, señora, públicamente hacer la entrega del proyecto de reforma penal... para efecto de que los estados de las fiscalías podamos sumarnos activamente con la federación en el combate decidido a la delincuencia organizada".
La gobernadora recibió el proyecto y se comprometió a procesarlo ante el Congreso local y, posteriormente, impulsarlo ante el Congreso Federal, buscando que Guanajuato tenga plenas facultades para incidir en un tema que afecta la paz nacional. Este ejercicio de coordinación estratégica pretende consolidar un modelo de procuración de justicia más eficiente y cercano a la gente.
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