Guanajuato.- En Guanajuato, la incidencia de muertes en hombres por adicciones ha venido a la baja durante los últimos años, luego de un crecimiento experimentado en 2021.
De acuerdo al Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, el mayor número de defunciones por esta causa se dio en 2018 con 188. Entre 2011 y 2017 oscilaron entre 142 y 160. En 2019 fueron 158; 120 en 2020, 101 en 2021 y 2022 y 95 en 2023, último año del conteo.
En contraparte, la muerte de mujeres fluctuó entre 1 y 8 en esos años, siendo los años más complejos, 2016 y 2018.
Esta disminución de muertes por adicciones se dio pese a un deterioro en la supervisión de la autoridad en este tipo de centros en los últimos años.
En Guanajuato, se experimenta un decremento en el número total de centros, de 329 en 2021 a 299 en 2025, pero con una mejora significativa en la formalización: los centros sin aviso de funcionamiento se redujeron drásticamente de 54 a 11, mientras que los formalizados aumentaron de 275 a 288, evidenciando un progreso en la formalidad de contar con el aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud ya que este tipo de establecimientos no requieren de algún permiso o autorización sanitaria, de acuerdo a lo que establece la Ley General de salud, en su artículo 200 Bis.
Lo anterior, se desprende del estudio realizado por la Unidad de Seguimiento y Análisis de Impacto Legislativo (USAIL) a propósito de la iniciativa de Ley de prevención, tratamiento, control de las adicciones y rehabilitación.
El documento revela un deterioro en la actividad fiscalizadora, con una caída del 49% en las visitas de verificación, pasando de 238 en 2019 a solo 121 en 2021 lo que compromete la capacidad para garantizar la calidad de los servicios en los centros de rehabilitación.
La calidad terapéutica de los centros es cuestionable según el estudio pues el 94.3% de los centros manifiesta utilizar la "Ayuda mutua" como el principal tratamiento mediante testimonios. Este modelo tradicional limita la implementación de protocolos científicamente validados.
La falta de regulación ha permitido la proliferación de centros clandestinos que operan sin lineamientos claros y sin personal calificado, lo que genera abusos, condiciones inhumanas y violaciones a los derechos humanos.
Además, la demanda agregada de atención especializada supera los 150,000 casos anuales tan solo para la población menor de 19 años.
El documento propone alcanzar el 100% de formalización de centros operativos en 2028, consolidando el proceso de regularización iniciado desde 2021.
También se busca la supervisión regulatoria y garantizar que cada centro reciba inspección periódica y realizar el 100% de visitas de verificación anuales a los centros, mejorando sustancialmente la cobertura actual de 121 visitas.
En el rubro de Calidad y Profesionalización del Tratamiento, se pretende implementar protocolos basados en evidencia científica y desarrollar programas de capacitación para el personal.
Esto supone lograr que al menos el 50% de centros formales implementen protocolos basados en evidencia científica y reducir la dependencia exclusiva del modelo de "ayuda mutua" a un máximo del 60%.
Ello implicaría, señala el documento una mayor efectividad terapéutica y reducción de daños lo que incluye reducir las defunciones por consumo de drogas en 30% en cinco años (pasando de 95 a menos de 70 casos anuales en población masculina).
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