En su comunicado, la Fiscalía justifica la entrega del cuerpo a Don Guadalupe Razo —quien buscaba a su hijo Alberto— alegando que el padre "manifestó reconocer plenamente el cuerpo" el 4 de julio de 2025. La institución admite que el procedimiento de entrega se basó en el reconocimiento físico y "características observadas en imágenes", omitiendo esperar los resultados de las pruebas de ADN que habrían evitado el calvario de ambas familias.
Aunque la FGE atribuye el error al "estado emocional" del padre, no explica por qué sus peritos y agentes ministeriales no aplicaron el protocolo de identificación genética antes de liberar los restos de un joven desmembrado.
Una investigación que llega tarde
La Fiscalía confirmó que fue hasta el 7 de julio de 2025 cuando Don Guadalupe notificó que su hijo Alberto estaba vivo. A pesar de saber desde ese momento que habían entregado un cuerpo a la familia equivocada, la exhumación para devolver a Francisco con su verdadera madre, Rosa María, ocurrió apenas este 3 de marzo de 2026, ocho meses después del hallazgo.
"La Institución inició una investigación para establecer si en el caso que nos ocupa existe responsabilidad de algún servidor público de la Institución y revisar integralmente el procedimiento", cita el comunicado oficial.
A pesar de admitir que el proceso falló, el comunicado de la Fiscalía no menciona ninguna medida de reparación del daño para Rosa María Pallares, quien tuvo que luchar contra la burocracia para recuperar a su hijo ya enterrado, ni para Don Guadalupe, quien vivió el trauma de velar a un extraño.
Tampoco se ofrece una disculpa pública. La institución se limita a señalar que el reconocimiento familiar es un "mecanismo previsto", aunque en este caso, dicho mecanismo sirvió para encubrir la falta de rigor científico que es obligación del Estado.
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