Guanajuato.- Luego de que el poder legislativo decidió impugnar la resolución a favor del amparo que firmó la Red de Acompañantas León, junto con la organización 50 Mujeres, después de que la mayoría de los diputados votaran de forma negativa la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco criticó ésta acción y pidió que se aclare quién dio la instrucción de interponer dicho recurso.
De manera previa, la Red de Acompañantes de Aborto León denunció una estrategia de criminalización por parte del Congreso local, esto a pesar de que ya corre el plazo que le otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso de Guanajuato para eliminar la criminalización a mujeres por ejercer el derecho a interrumpir su embarazo, como resultado de un amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
“Aunque jurídicamente las victorias ya sean contundentes y las derrotas indefendibles. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en Guanajuato. Porque mientras las colectivas feministas hace un año construyeron uno de los litigios estratégicos más importantes en la historia reciente del estado; el Congreso, que se supone debería ser institucional y utilizar argumentos y criterios jurídicos actualizados, decidió hacer todo lo contrario: responder con argumentos del siglo XIX, con resistencia y, lo más grave, utilizando facciosamente el poder público para posicionar una postura ideológica”, sostuvo la legisladora
Dijo que esto fue porque las mujeres organizadas hicieron lo que éste Congreso se ha negado a hacer: defender sus derechos y defender la Constitución.
“Fueron 50 mujeres quienes acudieron al Poder Judicial para denunciar la omisión legislativa de armonizar el Código Penal con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Hace unas semanas, un juzgado federal les dio la razón, reconoció la existencia de una problemática constitucional grave y advirtió que los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal, relativos al delito de aborto, conforman un sistema normativo que criminaliza a las mujeres y restringe su acceso efectivo a sus derechos”, compartió.
Sandra Pedroza destacó que eso ya ocurrió. “Eso está dicho por un tribunal federal, sí, pero también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aun así, el Congreso del Estado decidió impugnar”.
Cuestionó así “De verdad, ¿no les da vergüenza? ¿No les da vergüenza que tengan que ser los tribunales federales y la propia Suprema Corte quienes tengan que estar viniendo una y otra vez a recordarle a este poder legislativo que debe cumplir con sus obligaciones constitucionales?”.
Al reclamo se sumó la legisladora morenista Martha Edith Moreno, quien exigió que se aclare quién dio al orden de impugnar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “saber qué está pasando desde las diferentes áreas del Congreso, exijo claridad y respaldo la propuesta”, concluyó.
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