Celaya.- El Gobierno Municipal de Celaya investiga a dos funcionarios por su probable responsabilidad en la pérdida de dos procesos laborales que ahora podrían representar un pago superior al medio millón de pesos para las arcas municipales.

El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez explicó que la probable responsabilidad fue detectada al revisar las actuaciones de los últimos dos casos, donde se encontró que las notificaciones y oficios fueron recibidos por personal municipal, pero no se les habría dado el trámite correspondiente.

“Y también hemos determinado que los que llevaban el caso si actuaron con dolo porque no contestaron a tiempo, ayer lunes los pusimos en la Contraloría para que investigara por qué no contestaron los dos casos, los últimos dos casos. Oficialmente les llegaron las notificaciones, las agarraron, tenemos ahí una firma, pero no le dieron el trámite".

Ante esta situación, ambos trabajadores —un hombre y una mujer— fueron puestos a disposición de la Contraloría Municipal para iniciar una investigación que determine si incurrieron en alguna omisión o negligencia. De acuerdo con el alcalde, los señalados pertenecerían a áreas como Oficialía Mayor o Jurídico, aunque aún no se confirma su adscripción.

Ramírez Sánchez reconoció que la omisión pudo haber influido en las resoluciones adversas para el municipio, pues los juicios no habrían sido atendidos en tiempo y forma. Aclaró que esto no significa necesariamente que los demandantes tengan la razón en el fondo de los asuntos, sino que el Ayuntamiento habría perdido al no contestar las demandas.

“Y estaban negociando a ver cuánto les pagamos a las personas porque nos van a ganar, no porque tengan razón, sino porque no se contestó la demanda... Le va a costar al Municipio y por eso los le pedí que lo vieran, si las personas que no contestaron son culpables, ellas tienen que pagar. Son un poquito más de millón de medio millón de pesos, pero es dinero del pueblo y por negligencias no podemos aceptar que se pague ese dinero”.

Uno de los casos corresponde al intento de embargo de la Presidencia Municipal ocurrido en julio, derivado de una demanda de una extrabajadora del DIF. La deuda pendiente era de alrededor de 195 mil pesos, relacionada con una resolución de enero de 2024 que no fue atendida adecuadamente.

El segundo caso corresponde al embargo de la partida presupuestal 1110, destinada a las dietas de síndicos y regidores, ordenado en agosto por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El proceso deriva de un laudo a favor de la viuda de un extrabajador jubilado de Obras Públicas, quien reclama, entre otros conceptos, pensión, gastos funerarios y seguro de vida.

“Lo que nos pide ella es que al marido le demos el seguro de vida, que son 250 mil pesos, más intereses... son 280 y tantos mil pesos”, explicó el alcalde.

El Ayuntamiento ya perdió ambos procesos y ahora busca negociar con los demandantes para establecer los montos y condiciones de pago. Ramírez Sánchez señaló que, en conjunto, los dos asuntos representan una cantidad superior a medio millón de pesos.

El alcalde advirtió que, si la Contraloría determina que los dos funcionarios incurrieron en responsabilidad, se buscará que sean ellos quienes cubran las consecuencias económicas derivadas de su omisión.

“Si las personas que no contestaron son culpables, ellas tienen que pagar. Vamos a hacer que ellos paguen... Ese es dinero del pueblo y por negligencias no podemos aceptar que se pague de ese dinero”, afirmó.

Mientras continúa la investigación administrativa, el municipio mantiene la negociación con los demandantes y el seguimiento jurídico de ambos expedientes. Ramírez Sánchez descartó por ahora recurrir al amparo para congelar la ejecución, debido a que las cuentas municipales no fueron finalmente bloqueadas.

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