Guanajuato.- La regularidad de los apagones y las variaciones de voltaje registradas en Guanajuato han provocado daños materiales y pérdidas económicas a cientos de familias y pequeños negocios.

Por ello, el grupo parlamentario del PAN presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a asumir su responsabilidad por las afectaciones ocasionadas a usuarios y pequeños negocios debido a las constantes interrupciones del servicio eléctrico y las variaciones de voltaje.

El argumento es que, durante las últimas semanas, los apagones han provocado averías en electrodomésticos, equipos de cómputo, mercancías y herramientas de trabajo, además de generar pérdidas económicas para pequeños comercios y prestadores de servicios.

La diputada Angélica Casillas Martínez señaló: “La electricidad no es un lujo, es la base sobre la que camina la vida cotidiana. Cuando falta, se detiene un negocio, se pierde una venta, se afecta un ingreso familiar y se rompe la confianza en un servicio público esencial”. Aseguró que las constantes interrupciones del suministro eléctrico han impactado directamente el patrimonio de las familias y de los pequeños negocios.

Agregó: “Cuando una falla atribuible al servicio público causa un daño, la reparación no es un favor ni un trámite administrativo; es una responsabilidad que debe asumir la Comisión Federal de Electricidad”, y enfatizó que estas afectaciones “exigen respuestas, no excusas”.

Expuso que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a la electricidad como un área estratégica cuya prestación corresponde al Estado, por lo que el suministro de energía debe brindarse con continuidad, calidad y eficiencia. Además, dijo que la Carta Magna también establece el derecho de las personas a ser indemnizadas cuando sufran daños derivados de una actividad administrativa irregular.

El exhorto plantea que la CFE fortalezca los mecanismos de atención, trámite y resolución de reclamaciones mediante procedimientos ágiles y accesibles, además de garantizar la reparación integral de los daños ocasionados a las personas afectadas.

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