Guanajuato.- La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, propuso garantizar atención psicológica permanente para policías municipales y estatales mediante un dictamen que reúna su iniciativa y la presentada por PAN-PRD.
Durante la mesa de trabajo de este martes, consideró complementarios ambos proyectos y planteó incorporar sus aportaciones para fortalecer la ley y asegurar los servicios.
“Consideramos que la iniciativa de Acción Nacional y esta son complementarias, ambas buscan atender la situación desde aspectos distintos”, expresó.
El Congreso informó que la Comisión de Seguridad Pública realizó tres mesas para analizar iniciativas sobre salud mental del personal policial.
Atención durante la carrera policial
La propuesta de MC busca reconocer expresamente la atención psicológica permanente como un derecho del personal policial y establecer obligaciones para las autoridades estatales y municipales.
El texto de la iniciativa plantea servicios preventivos, periódicos, especializados y confidenciales. Estos comprenderían detección temprana, acompañamiento emocional, intervención en crisis y seguimiento psicológico especializado.
El proyecto prevé que las autoridades instrumenten esas acciones mediante protocolos, programas o lineamientos, atendiendo las necesidades operativas de cada corporación.
El objetivo planteado por MC es que la protección de la salud mental se mantenga durante la trayectoria policial y tenga respaldo legal, con obligaciones que trasciendan los cambios de administración.
Siete casos documentados en Guanajuato
Pedroza citó el informe de Azul Cobalto que documentó 131 suicidios de integrantes de corporaciones policiales en México entre 2018 y el 14 de julio de 2026. Siete correspondieron a Guanajuato.
La iniciativa de PAN-PRD, por su parte, busca fortalecer la protección ante eventos traumáticos, estrés ocupacional y otros riesgos psicosociales propios de la función policial.
Pedroza propuso tomar “lo mejor de ambas propuestas” para construir el dictamen conjunto. Los proyectos, presentados en julio, continúan en análisis legislativo.
“Sin embargo, consideramos que entre las dos se podría hacer un dictamen conjunto que tome lo mejor de ambas propuestas, buscando en todo momento fortalecer la ley y garantizar los servicios de atención para la salud mental a las y los policías de las corporaciones municipales y también de las corporaciones estatales”.
Sandra Pedroza consideró complementarias las iniciativas de MC y PAN y propuso reunir sus aportaciones para garantizar atención a la salud mental de policías municipales y estatales.
Fiscalía pide atención psicológica a policías sin estigma
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato consideró viable la propuesta para fortalecer la protección de la salud mental del personal policial y pidió que recibir atención psicológica no sea motivo de estigmatización.
Durante el análisis en el Congreso local, Elizabeth Durán Isaís, representante de la institución, señaló que la naturaleza de las funciones policiales implica condiciones de alta tensión, estrés crónico y agotamiento emocional.
“La salud mental del personal policial debe reconocerse como de orden prioritario”, expresó.
La representante sostuvo que garantizar el desarrollo, la estabilidad y el bienestar de quienes integran las corporaciones constituye una prioridad de política pública y una exigencia para el debido ejercicio de sus funciones.
Atención sin estigmatización
Durán Isaís planteó que la atención debe responder a las condiciones particulares del trabajo policial, “sin que la atención médica psicológica sea motivo de estigmatización”.
Al presentar la postura de la Fiscalía, manifestó su coincidencia con lo proyectado y consideró viable la propuesta, acompañada de comentarios para fortalecerla.
Propone un análisis conjunto
La institución recomendó estudiar la iniciativa junto con las reformas que buscan armonizar la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El objetivo, explicó, es contar con una visión integral y consolidada que permita mantener la consistencia normativa ante las modificaciones en materia de seguridad.
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