Guanajuato.- La investigación que llevó al aseguramiento de un centro de almacenamiento con alrededor de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, comenzó con una intervención de la Policía Estatal de Caminos, cuyos elementos detectaron una pipa que descargaba hidrocarburo en una gasolinera sin contar con la documentación correspondiente.
En entrevista para En Línea 5, el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González, informó que los agentes actuaron el pasado 3 de julio en San Luis de la Paz, donde detectaron la irregularidad, detuvieron a los involucrados y pusieron el vehículo y el caso a disposición de la autoridad ministerial.
El funcionario explicó que a partir de esa intervención se inició una investigación para conocer la procedencia y trazabilidad del combustible.
“El 3 de julio, haciendo patrullajes la Policía Estatal de Caminos, en San Luis de la Paz detecta que hay una pipa que está descargando combustible en una gasolinera. Obviamente no traía la documentación”, explicó González durante una entrevista con En Línea 5.
La Policía de Caminos dio aviso a la autoridad ministerial
Según el secretario, la actuación de los elementos estatales no se limitó a detectar la irregularidad: el caso fue puesto a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones correspondientes.
A partir de esa primera intervención, el 9 de julio se obtuvo una orden judicial para catear la gasolinera de San Luis de la Paz. Durante la diligencia fueron asegurados documentos y equipo que, de acuerdo con González, permitieron continuar con la investigación.
Posteriormente, el 12 de agosto, se realizó otro cateo en el municipio de Dolores Hidalgo.

La investigación continuó hasta el 4 de septiembre, cuando se realizó el cateo en el centro de almacenamiento ubicado en San José Iturbide, donde fueron localizados los 59 millones de litros de combustible.
González rechazó que el aseguramiento haya sido producto de un “chiripazo” o de un “pitazo” y sostuvo que se trató de una investigación que fue creciendo a partir de los actos realizados por las distintas autoridades.
Las gasolineras intervenidas continúan cerradas
El secretario también confirmó que, hasta el momento de la entrevista, las gasolineras y el centro de almacenamiento relacionados con las diligencias continuaban asegurados.
Explicó que la razón es que ante la Fiscalía General de la República (FGR) todavía no se había acreditado la trazabilidad del combustible.
“Hasta ayer no propiamente tanto la gasolinera como la gasera seguía asegurada”, señaló González.
El funcionario aclaró que la decisión corresponde a la FGR, autoridad que lleva la investigación, y no a la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato.
La permanencia del aseguramiento, añadió, está relacionada con la documentación que debe ser presentada ante la autoridad ministerial y con la necesidad de establecer el origen y la trazabilidad del producto.
La investigación busca determinar de dónde provenía el combustible
González insistió en que el caso no significa que las autoridades hayan determinado que la empresa propietaria del centro de almacenamiento cometió un delito.
Explicó que el objetivo de la investigación es establecer si existió alguna irregularidad en la cadena del combustible, desde su origen hasta su transporte, almacenamiento y comercialización.
Por ello, evitó confirmar que el caso corresponda a un esquema de “huachicol fiscal”.
“No me voy a adelantar a una especulación”, respondió al ser cuestionado directamente sobre esa posibilidad.
El secretario señaló que corresponde a la FGR, que tiene el mando y la conducción de la investigación, determinar si existe alguna conducta delictiva y, en su caso, deslindar responsabilidades.
Mientras tanto, las estaciones intervenidas permanecen cerradas y el combustible localizado forma parte de la investigación que conduce la Fiscalía General de la República.
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