León.- Vecinos de colonias aledañas y cercanas al proyecto habitacional y comercial Reserva Norte, que se pretende edificar en un predio frente a Plaza Mayor, obtuvieron la suspensión provisional tras un amparo interpuesto en contra de la autorización de uso de suelo otorgada por el Ayuntamiento.
Se trata de un nuevo recurso legal sobre el mismo proyecto, que involucra a habitantes de otros fraccionamientos distintos a los que habían ganado el primer recurso.
En rueda de prensa, Juan Pablo Delgado, representante legal de los vecinos, aseguró que el Juzgado Cuarto de Distrito resolvió que no se puede avanzar en el proyecto si no se cuenta con las autorizaciones requeridas. Añadió un dato: la ausencia de presentación de informes previos por parte del Ayuntamiento, la Comisión de Desarrollo Urbano, IMPLAN y Obra Pública.
"Cuando se otorga un uso de suelo, los dos últimos actos que le dan definitividad a la autorización de un uso de suelo son: primero, que pase por la comisión del Ayuntamiento en la materia; y después, que haya una votación del Ayuntamiento en pleno. Si estos que son los últimos órganos no presentaron un informe previo, y en consecuencia se dan por ciertos los hechos que se presentaron en la demanda, evidencia un desinterés por parte de estas autoridades o un descuido", explicó.
Delgado anunció que ambos juicios tendrán su audiencia constitucional en agosto, lo que representa la audiencia final de primera instancia.
Las colonias y fraccionamientos que se sumaron a la acción legal son: Valle del Campestre, La Florida, Villas del Campestre, Haciendas de Echeveste, Rincón del Campestre, Jardines de Guadalupe y Privadas Los Naranjos.
Juan Pablo Delgado dijo confiar en la fuerza de sus argumentos jurídicos, pero también en el impacto que puede generar la movilización de ciudadanos de diversos fraccionamientos en torno a un objetivo común, pues este tipo de movimientos sociales deben hacer “pedagogía” con el Poder Judicial de la Federación.
"Yo creo que cuando una demanda suena lógica debería de concederse, más allá de la existencia de un marco normativo. Siempre, en las demandas de amparo de este tipo, presentamos un argumento que es construido desde la academia, que se llama el derecho moral a una justificación. ¿Qué significa el derecho moral a la justificación? Que la autoridad debe tener una explicación lo suficientemente razonable para que las personas digamos: tienen razón las autoridades".
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