León.- Durante un foro en el Senado, el senador Miguel Márquez Márquez alertó sobre posibles casos de explotación laboral que estarían afectando a trabajadores mexicanos en Canadá, particularmente dentro del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT).
El tema surgió tras la participación de académicos y especialistas, quienes expusieron que, aunque el programa ha sido considerado durante décadas como un modelo exitoso, se han detectado irregularidades en algunos centros de trabajo.
“Mira, la verdad me sorprendió bastante ver un resumen en un foro con académicos de la Universidad de Montreal sobre el programa… siempre se ha caracterizado por ser un buen modelo, pero ya no puedo decir lo mismo”, expresó Miguel Márquez Márquez.
Entre las problemáticas señaladas destacan el hacinamiento, la falta de movilidad laboral, acceso limitado a servicios médicos y restricciones para salir de los lugares de trabajo, lo que ha generado preocupación entre autoridades y organizaciones.
“Hay discriminación, hay maltrato hacia los migrantes, donde no les permiten movilidad… están asignados en espacios muy reducidos y con atención médica muy precaria”, señaló el senador.
Incluso, se mencionó que un informe de la Organización de las Naciones Unidas respalda estas denuncias, al documentar condiciones que podrían considerarse como “esclavitud moderna” en algunos casos específicos.
Se estima que en el sector agroalimentario canadiense laboran cerca de 280 mil personas, de las cuales alrededor de 80 mil son trabajadores temporales, y una gran parte de ellos son mexicanos.
Ante este panorama, se planteó la necesidad de fortalecer la supervisión, así como impulsar encuentros entre autoridades de ambos países para garantizar condiciones laborales dignas y evitar abusos contra los trabajadores migrantes.
El senador Miguel Márquez Márquez advirtió que el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear cuentas sin orden judicial, representa un riesgo de discrecionalidad y posibles abusos, al considerar que podría derivar en decisiones arbitrarias e incluso en el uso político de estas medidas contra distintos sectores.
“Puede ser un tema de riesgo de discrecionalidad… se pueden tomar decisiones arbitrarias por parte de la autoridad administrativa, incluso con un uso político, como mecanismo de intimidación”, señaló.
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/ HP
