León.- A pesar de la sentencia superior a los mil años de prisión dictada contra Edgar Francisco Ríos por el fraude inmobiliario de Punto Legal, las víctimas insisten en que el principal objetivo sigue siendo recuperar el dinero perdido, por lo que demandan a la Fiscalía General del Estado un rastreo puntual de los recursos obtenidos mediante el esquema fraudulento.
En entrevista para Línea 5, el abogado Bach Lira, representante de algunas de las personas afectadas, explicó que la reciente manifestación realizada por víctimas tuvo como propósito exigir avances concretos en la investigación patrimonial de los responsables y no únicamente sentencias penales.
“Lo que pedimos es que se trace la ruta del dinero, porque la sentencia es importante, pero las víctimas lo que realmente buscan es recuperar su patrimonio”, afirmó Bach Lira, al señalar que hasta ahora se desconoce el monto total de los recursos recuperados y que únicamente se tiene conocimiento del aseguramiento de dos inmuebles y dos vehículos vinculados con el principal responsable del fraude.
Indicó que actualmente existen diversas carpetas de investigación abiertas relacionadas con el caso y que aún permanecen pendientes de resolverse, por lo que solicitaron a la Fiscalía agilizar los procesos judiciales.
Recordó que el fraude afectó a cientos de personas que entregaron cantidades que, en muchos casos, oscilaron entre 200 mil y 400 mil pesos, mientras que algunos invirtieron montos aún mayores al intentar adquirir varias viviendas mediante promesas de compraventa que nunca se concretaron.
Durante la reunión sostenida con personal de la Fiscalía, explicó, se abordaron cinco puntos, entre ellos la aceleración de las causas penales pendientes, el seguimiento al patrimonio de los responsables y la posibilidad de garantizar la reparación del daño a las víctimas.
Respecto a la negativa del Gobierno del Estado de utilizar el Fondo de Atención a Víctimas para resarcir económicamente a los afectados, Bach Lira sostuvo que el Estado también debe asumir responsabilidades al tratarse de un fraude en el que participaron fedatarios públicos.
“Si no obtenemos una respuesta, una de las estrategias podría ser emprender acciones legales contra los notarios. No está descartado y también analizamos nuevas movilizaciones para exigir avances en el caso”, advirtió el abogado.
Finalmente, adelantó que las víctimas analizan realizar una nueva manifestación en los próximos días para expresar su inconformidad por el desarrollo de algunas audiencias fuera de León, al considerar que esa situación dificulta el acceso a la justicia y retrasa el avance de los procesos.
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