León, Guanajuato.— La investigación por presuntas irregularidades relacionadas con empresas que realizaron operaciones con el Gobierno Municipal de León continúa sin una resolución definitiva, mientras integrantes del Cabildo Azul exigen a las autoridades responsables acelerar las indagatorias y determinar si existieron responsabilidades administrativas o incluso penales.
En entrevista para En Línea 5, el síndico Román Cuentes señaló que existen situaciones que, desde su perspectiva, hacen presumible un posible tráfico de influencias, aunque subrayó que corresponde a las autoridades competentes determinar si esta conducta se configuró.
“Hay situaciones que hacen presumible un tráfico de influencias”, afirmó el síndico, al referirse a las investigaciones que actualmente se encuentran en manos de la Contraloría y de la Fiscalía Anticorrupción.
Cuentes explicó que el proceso administrativo corresponde inicialmente a la Contraloría, mientras que la Fiscalía Anticorrupción deberá determinar, en caso de encontrar elementos, si existen conductas que pudieran tener consecuencias en materia penal.
De acuerdo con el síndico, el fiscal anticorrupción, Marco Medina, ha mantenido comunicación con la Contraloría y ha solicitado información relacionada con las investigaciones.
“Nos toca decir que es presumible y a las autoridades les tocará calificarlo y poner el siguiente paso”, señaló.
María Esther Santos afirma que ella presentó la primera denuncia
La síndica María Esther Santos aseguró que fue ella quien presentó la primera denuncia ante la Contraloría después de detectar posibles irregularidades y un eventual conflicto de interés.
Santos sostuvo que personalmente revisó los expedientes relacionados con los procesos de adquisición y afirmó que desde el Comité de Adquisiciones se actuó conforme a la normatividad.
La síndica rechazó que las posibles irregularidades hayan derivado de una omisión del Comité de Adquisiciones y aseguró que los integrantes del órgano revisaron los documentos y contratos que les fueron presentados.
Sin embargo, sostuvo que lo detectado representa, desde su perspectiva, un posible daño patrimonial al municipio y que corresponde a las autoridades fiscalizadoras determinar el alcance de las responsabilidades.
Piden una resolución antes del cambio en la Contraloría
Uno de los principales reclamos de Santos es la falta de una resolución definitiva.
La síndica explicó que semanalmente solicita a la Contraloría información sobre el avance de las investigaciones y que, aunque ha recibido respuestas, hasta ahora no se le han presentado resultados concluyentes.
Santos señaló además que, ante el próximo relevo en la Contraloría, ha solicitado que los expedientes queden resueltos antes de que concluya el periodo de la actual titular.
No obstante, la determinación final sobre la existencia de responsabilidades corresponde a las autoridades encargadas de las investigaciones.
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