León.- La escalada de declaraciones entre la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y las instituciones del Estado por supuesta violencia y persecución política se perfila hacia una batalla legal. Sin embargo, en los pasillos del Congreso del Estado el mensaje es contundente: auditar el uso de los recursos públicos no es un acto de confrontación ni de sesgo partidista, sino un mandato de ley.
Tras los reclamos de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, quien acusó a la SEG de restringirle el acceso a escuelas y a la ASEG de solicitar los planos de su casa particular, la diputada local Jared González Márquez explicó que la revisión no es un ataque político, sino un mandato aprobado por el Congreso del Estado el pasado 25 de junio para auditar el periodo de 2022 a 2026 de forma concomitante.
“…fiscalizar no es confrontar. Y transparentar tampoco es que se sientan perseguidos ni mucho menos. A final de cuentas, la transparencia, pues es un acto eh público, es un acto que todas y todos los que estamos sirviendo de alguna u otra manera estamos obligados a eh independientemente el tipo de en este caso auditorías”.
“Esta auditoría que se aprobó por el Congreso el 25 de junio fue un dictamen que abarca del 2022 al 2026 de forma concomitante. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que no se revisó en esos años anteriores se revisa y hasta la actualidad”, explicó la diputada Jared González.
La legisladora detalló que tras la aprobación del Pleno, la ley fija plazos estrictos: la ASEG contó con 5 días para ajustar su Programa Estatal de Fiscalización y 30 días para iniciar las inspecciones en campo, revisando contratos, convenios, trámites e ingresos.
¿Por qué la ASEG puede revisar datos de un inmueble?
Ante el señalamiento de la alcaldesa de que la auditoría "se metió hasta la cocina" al solicitar información de su propiedad privada, la diputada desmenuzó cómo opera la fiscalización en la práctica cotidiana, especialmente al revisar temas como el impuesto predial o la aplicación de cuotas mínimas y subsidios.
Explicó que para verificar si la tesorería municipal cobró correctamente o concedió beneficios fiscales apegados a la norma, la auditoría no acude al ciudadano, sino que realiza cruces de información entre los expedientes del municipio y los registros del catastro.
Si en esa revisión la autoridad detecta inconsistencias, un posible conflicto de interés o riesgos en el manejo de los fondos, la ley faculta al auditor a profundizar en la investigación.
“La Ley de Fiscalización de manera directa no es que se vaya directo contra los bienes de los servidores públicos o de lo particular. Pero si hay un riesgo dentro de la revisión, la autoridad lo podrá determinar; a final de cuentas, de que se puede, se puede”, precisó González Márquez.
Asimismo, la congresista recordó que la propia ley establece vías de defensa: si el municipio considera que un requerimiento de la ASEG carece de fundamento, puede interponer un recurso de impugnación.
El escenario ante una eventual denuncia
Frente al anuncio de la alcaldesa de llevar el caso ante instancias legales por presunta persecución política, el análisis del marco normativo arroja dos frentes claros:
1.- El frente de violencia política de género: Para que un tribunal determine la existencia de persecución o violencia política, la parte acusadora deberá probar que las acciones de la ASEG o la SEG se aplicaron de forma arbitraria, diferenciada y con el objetivo de anular sus derechos políticos. Si las instituciones acreditan que actuaron conforme a un dictamen aprobado por el Congreso o bajo lineamientos de seguridad escolar generales, la denuncia difícilmente prosperará.
2.- El cauce de la fiscalización: La auditoría no emite sanciones inmediatas. Al concluir la revisión, la ASEG elaborará un Informe de Resultados donde el municipio tendrá plazos legales para aclarar o "solventar" cualquier duda con documentación oficial.
Respecto a la postura de la alcaldesa de sentirse bajo una embestida política, la diputada Jared González fue enfática en que la transparencia debe ser la constante para cualquier servidor público, sin importar su afiliación.
“La fiscalización no es de colores y se debe medir con la misma vara. La fiscalización no es confrontar y el pedir cuentas no debe hacer que alguien se sienta atacado. Al contrario, es una oportunidad grande de demostrar cuentas claras. Si algo está justificado debidamente, no debe molestarnos a nada ni a nadie”, concluyó.
El dictamen final con el Informe de Resultados de la ASEG deberá regresar a la Comisión de Hacienda y Fiscalización y posteriormente al Pleno del Congreso del Estado, donde se definirá si existen observaciones administrativas o si el proceso concluye sin irregularidades.
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