Guanajuato.- El Gobierno de Guanajuato, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, presentará una iniciativa ante el Congreso local para buscar que las fiscalías estatales tengan facultades concurrentes en la investigación de delitos vinculados a la delincuencia organizada, una competencia que actualmente recae casi en su totalidad en el ámbito federal.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y el fiscal general del estado, Gerardo Alatriste, anunciaron este proyecto que pretende ser enviado al Congreso de la Unión, con el objetivo de modificar el marco legal nacional y permitir una colaboración bilateral más estrecha contra los grupos criminales.
Sumar capacidades sin invadir competencias
De acuerdo con las autoridades, los retos actuales en materia de seguridad exigen que las instituciones locales no queden con las manos atadas cuando se topan con delitos del fuero federal durante sus indagatorias operativas.
"En esta iniciativa no buscamos sustituir ni invadir las atribuciones de la federación. Por el contrario, buscamos fortalecer la coordinación para que cada orden de gobierno aporte sus capacidades, su experiencia y su conocimiento", aclaró la mandataria estatal.
Por su parte, el fiscal Gerardo Alatriste señaló que las fiscalías locales son las que conocen de primera mano el pulso de los municipios y las regiones, por lo que su información es una herramienta fundamental que hoy en día está desaprovechada por las limitaciones procesales.
Los puntos clave de la propuesta:
- Concurrencia legal: Permitir que los estados coadyuven formalmente en la persecución de delitos de delincuencia organizada.
- Aprovechamiento de inteligencia local: Utilizar el conocimiento del contexto y la cercanía comunitaria de las fiscalías estatales para desarticular estructuras criminales.
- Eliminación de barreras: Romper los límites administrativos que frenan la actuación conjunta inmediata entre la Federación y los estados.
El proyecto será entregado formalmente al Poder Legislativo de Guanajuato para su análisis y, en su caso, aprobación, para posteriormente ser turnado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República como una propuesta de reforma al marco constitucional y penal del país.
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