Guanajuato.- La bancada de Morena en el Congreso local presentó, ante la Diputación Permanente, una iniciativa de reforma a la Constitución local, al Código Penal estatal y a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, en materia de combate a la extorsión. El objetivo es armonizar la legislación estatal con la nueva Ley General federal, eliminando lagunas que favorecen la impunidad.

La propuesta plantea cambios en tres ordenamientos clave para que la respuesta penal sea “proporcional, efectiva y acorde a la realidad”.

En el ámbito constitucional local, se busca incluir la extorsión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El argumento es que, al tratarse de un delito de coacción permanente, dejar al imputado en libertad representa un riesgo crítico para víctimas y testigos.

Respecto al Código Penal, mediante la reforma a diversos artículos, Guanajuato adoptaría directamente las sanciones, agravantes y definiciones previstas en la Ley General contra la Extorsión, con el fin de evitar criterios dispares entre las entidades federativas.

En el caso de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, la iniciativa obliga a las policías estatales y municipales a alinear sus protocolos y estrategias de coordinación con el marco nacional de combate a la extorsión.

El coordinador de la bancada morenista, Ricardo Ferro Baeza, afirmó que la extorsión es una conducta que atenta de forma directa contra la vida, la libertad, la seguridad personal, el patrimonio, la dignidad humana y la tranquilidad social.

“La extorsión no representa límites territoriales. Por eso la respuesta institucional tampoco puede estar fragmentada. La coordinación entre autoridades es clave para reducir la impunidad y mejorar la capacidad de acción del estado. Esta reforma no busca imponer ni confrontar, sino fortalecer, ordenar y sumar esfuerzos por una respuesta responsable a un problema real que afecta todos los días al pueblo”.

El documento describe un panorama crítico en Guanajuato, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Encuesta Nacional de Victimización.

Señala que la extorsión en Guanajuato pasó de ser un delito marginal a uno estructural, ya que entre 2015 y 2020 las cifras eran mínimas, con menos de 20 casos anuales registrados.

El año 2021 representó un punto de quiebre, al registrarse un aumento súbito a 373 víctimas.

Con corte a noviembre de 2025, la cifra escaló hasta 1,344 víctimas, el máximo histórico para el estado.

Además, Guanajuato es la entidad con más niñas, niños y adolescentes víctimas de extorsión en el país, con 50 casos registrados en los primeros 11 meses de 2025, lo que representa el 19.8 % del total nacional.

A ello se suma la cifra negra, ya que la tasa de no denuncia supera el 90 %, debido al miedo a represalias y a la desconfianza institucional.

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