León.- A cuatro años del asesinato del estudiante universitario Ángel Yael Ignacio Rangel, una jueza federal declaró culpables a dos elementos de la Guardia Nacional por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, informó el abogado asesor jurídico de la familia y de la Universidad de Guanajuato, Juan Arredondo Rodríguez.
En entrevista para el programa En Línea 5, el litigante calificó el fallo como “un paso muy importante en la búsqueda de la verdad” y en el establecimiento de consecuencias legales contra los agentes que dispararon contra los estudiantes sin provocación alguna.
“Lo de ayer fue un paso muy importante en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de consecuencias para los agentes que detonaron sus armas de fuego sin ninguna provocación, sin ningún lineamiento acorde al protocolo para el uso racional de la fuerza”, señaló.
Un caso que conmocionó al país
Los hechos ocurrieron en 2022 en la comunidad de El Copal, en Irapuato, cuando Ángel Yael y otros estudiantes de la Universidad de Guanajuato viajaban en una camioneta tras asistir a una reunión. De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra el vehículo sin que existiera una situación de riesgo o agresión previa.
El ataque dejó sin vida a Ángel Yael y lesionados a sus compañeros, en un caso que generó indignación nacional y puso bajo escrutinio la actuación de corporaciones federales en operativos de seguridad.
Durante la entrevista, Arredondo Rodríguez aseguró que ni siquiera los propios compañeros de los acusados pudieron explicar por qué accionaron sus armas.
“Resultó una reacción inopinada, inexplicable. Los mismos compañeros de los agentes no se explican qué fue lo que pasó. Incluso hubo reclamos inmediatos de sus superiores”, afirmó.
El abogado consideró que el caso revela un problema estructural relacionado con el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, especialmente entre elementos jóvenes sometidos a altos niveles de presión.
“Este caso pone el dedo en la llaga en un contexto muy complicado, en el que no es la primera vez que agentes del Estado utilizan la fuerza letal sin provocación y con consecuencias fatales para víctimas inocentes”, expresó.
También hizo un llamado a las autoridades encargadas de seguridad pública para revisar protocolos, capacitación y condiciones laborales de los elementos federales.
Aún falta la etapa de sentencia
Aunque ya existe un fallo condenatorio, el proceso judicial aún no concluye. El próximo miércoles iniciará la fase de individualización de sanciones, en la que se determinarán las penas y la reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas.
Arredondo Rodríguez explicó que la audiencia incluirá testimonios y peritajes tanto de la parte acusadora como de la defensa.
Según el Código Penal Federal, el delito de homicidio calificado contempla penas de entre 30 y 60 años de prisión, mientras que el homicidio en grado de tentativa prevé sanciones de entre 20 y 40 años.
“Estamos hablando de penas muy elevadas”, señaló el abogado, al indicar que las condenas podrían superar los 50 años de prisión para cada uno de los responsables.
Un precedente en medio de nuevas denuncias
Durante la entrevista también se recordó que en Guanajuato existen otros casos recientes en los que familias han acusado a elementos de la Guardia Nacional de disparar contra civiles durante persecuciones.
Entre ellos, destacan los casos de un menor de 13 años asesinado en Juventino Rosas y otro joven de 17 años en Celaya, hechos que también son investigados.
El fallo condenatorio por el caso de Ángel Yael podría convertirse en un precedente relevante sobre el uso excesivo de la fuerza y la responsabilidad penal de agentes federales en México.
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