Celaya.- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, expresó sus dudas sobre la versión de la Fiscalía General del Estado en torno al caso de José Guadalupe Ramírez Flores, jardinero del Álamo Country Club abatido el pasado 4 de mayo en la comunidad de San José de Guanajuato, y cuya familia acusa que fue víctima de abuso de autoridad por agentes ministeriales.
El alcalde expresó sus dudas sobre la fiscalía al ser cuestionado sobre el caso que ha generado controversia luego de que familiares del trabajador rechazaran que estuviera involucrado en actividades delictivas.
“La fiscalía yo he dicho que ha cambiado, pero he dicho también que no va a cambiar mientras todo siga igual. Cambió el fiscal, cambiaron algunos responsables de las fiscalías regionales, pero la inmensa mayoría de los de antes están ahí. Entonces, no se ha podido cambiar todo y por eso también tengo mis dudas de que la fiscalía diga la verdad o no diga la verdad”.
El presidente municipal insistió en que la corporación requiere una transformación estructural y no únicamente el cambio de la cabeza de la institución, pues afirmó que todavía persisten prácticas y funcionarios de administraciones anteriores.

Sobre la petición de justicia de los familiares de José Guadalupe Ramírez Flores, el alcalde dijo que hasta el momento no ha recibido una solicitud formal de reunión, debido a que estuvo fuera de la ciudad en días recientes; sin embargo, aseguró que su administración está abierta al diálogo y respaldo si así lo requieren.
“No he visto si hay solicitud para que quieran platicar conmigo. Obviamente nosotros somos para platicar con ellos porque si su demanda es justa, pues tenemos que apoyarlos”.
El caso tomó relevancia luego de que la familia de José Guadalupe difundiera imágenes de cámaras de seguridad donde se observa al hombre de 39 años salir del Álamo Country Club a bordo de una motocicleta roja y portando uniforme de trabajo, alrededor de las 17:08 horas del 4 de mayo.
Mientras la Fiscalía General del Estado de Guanajuato lo identificó como un presunto agresor abatido durante un ataque contra agentes ministeriales, sus familiares sostienen que quedó atrapado en medio del operativo y niegan que estuviera armado, por lo que exigen que se limpie su nombre y se investigue una posible ejecución extrajudicial.
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